El 7 de agosto de 2023, Chile dio un paso significativo en la protección de los derechos laborales con la entrada en vigencia de la Ley Karin. Esta normativa se basa en la trágica historia de Karin Salgado, una técnica en enfermería que sufrió acoso laboral prolongado y, ante la falta de un canal de denuncia y apoyo psicológico adecuado, tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Su caso impulsó la creación de esta ley, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en los espacios laborales, erradicar el acoso y la violencia en el trabajo, y reforzar un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación chilena.
La Ley Karin cumple con uno de los compromisos del Presidente Gabriel Boric en materia de trabajo decente y perspectiva de género. Establece la obligación de las empresas y de los órganos del Estado de implementar protocolos de prevención contra el acoso laboral y sexual, así como contra la violencia en el trabajo. Este nuevo marco legal coloca especial énfasis en la prevención y en la creación de ambientes laborales seguros, priorizando la dignidad y el respeto hacia los trabajadores, independientemente de su género.
De acuerdo con datos de la Dirección del Trabajo, entre enero de 2022 y abril de 2024, se han registrado 4.645 denuncias por acoso laboral, de las cuales el 67,8% fueron presentadas por mujeres. En cuanto al acoso sexual, se han contabilizado 2.248 denuncias, siendo mujeres el 93,1% de las víctimas. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer las normativas laborales para prevenir y sancionar estas conductas, y la Ley Karin es un avance importante en este sentido.
Principales Medidas de la Ley Karin
La Ley Karin establece medidas clave para prevenir y abordar el acoso y la violencia en el trabajo. Entre sus disposiciones destacan:
Nuevas Definiciones Legales: Se amplían y perfeccionan las definiciones de acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, y no discriminación, incorporando explícitamente la perspectiva de género en las relaciones laborales.
Protocolo de Prevención: Las empresas y órganos del Estado están obligados a establecer protocolos de prevención del acoso y la violencia en el trabajo, conforme a las directrices de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
Investigación y Sanción: Se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en la investigación de denuncias de acoso. Los procedimientos deben regirse por los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.
Medidas de Resguardo: Los empleadores están obligados a adoptar medidas de resguardo inmediatas que aseguren la seguridad de la persona denunciante, incluyendo atención psicológica temprana. Además, deben informar sobre los canales de denuncia para hechos que puedan constituir delitos.
Proceso de Denuncia: La denuncia puede realizarse de forma escrita u oral ante la empresa o la Inspección del Trabajo, y se deben aplicar sanciones en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del informe de investigación.
Responsabilidad del Empleador: En casos de violencia en el trabajo, el empleador debe implementar medidas correctivas. Si la Inspección del Trabajo toma conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, debe denunciarlo ante tribunales sin la obligatoriedad de conciliación en casos de acoso sexual.
La Ley Karin también se alinea con la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales. Además, forma parte de una serie de medidas legislativas en Chile con perspectiva de género, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el fortalecimiento de la ley «SANNA».
La Ley Karin no solo honra la memoria de Karin Salgado, sino que marca un hito en la lucha contra el acoso laboral y sexual en Chile. Con la implementación de esta ley, el país avanza hacia la creación de ambientes laborales más seguros, justos y libres de violencia, donde el respeto y la dignidad de cada trabajador sean una prioridad.
Este marco legal representa un compromiso con la justicia y la prevención, y es un paso esencial para garantizar que las futuras generaciones de trabajadores tengan la protección que Karin no pudo recibir.